Los partidos polìticos no rinden cuentas

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La prensa nacional ha publicado noticias sobre una realidad incontrovertible: que los partidos políticos del Ecuador, desde el año 2000, han recibido más de veinte millones de dólares, y no han rendido cuentas de este millonario presupuesto financiado por el pueblo ecuatoriano.

Por Fausto Segovia Baus

El origen de estos recursos es doble: el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Reposición del Gasto Electoral. El primero se reparte cada año y el segundo cada dos cuando hay elecciones.

La Ley de Partidos vigente establece que corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control del manejo de los fondos partidistas, pero el TSE -controlado por los propios partidos- no hace lo que debe hacer por mandato de la ley. Tampoco actúa la Contraloría General del Estado, que tiene la obligación de auditar a los organismos que reciben recursos del Estado. No sabemos las razones.

La conclusión es que los partidos políticos no rinden cuentas a nadie, y ninguna autoridad se preocupa de que la información detallada de sus gastos o inversiones conozca la opinión pública, como exigen la ley y la ética. Sus finanzas son un misterio, especialmente lo que tiene que ver con el presupuesto que el Estado destina para su funcionamiento. Esta carencia u omisión debe ser suplida con información oportuna y no bajo ninguna presión, porque es un deber de los partidos rendir cuentas cuando han recibido dineros ajenos: los del presupuesto del Estado, que se financia con recursos de la ciudadanía.

La poca o ninguna atención de los partidos a esta obligación imperativa de la ley, provoca un nuevo y lamentable episodio que afecta aún más la deteriorada imagen de la clase política ecuatoriana.

“Quien nada debe nada teme”, dice un adagio popular. Los partidos políticos que supuestamente manejan con transparencia los recursos del Estado, tienen que asumir sus responsabilidades, y cumplir con los mandatos legales. No hacerlo les quita autoridad legal y moral para exigir a otros el cumplimiento de las leyes, a través de normas que los bloques, representados por los partidos, tramitan en el Congreso. La quiebra de la institucionalidad comienza entonces por casa.

Recordemos finalmente que la institución de la rendición de cuentas es una garantía constitucional. A este paso, frente a la inopia de los partidos que se hacen de “vista gorda”, no existe otra alternativa que promover una Ley de Rendición de Cuentas, por iniciativa ciudadana, con la intervención de los medios de comunicación, y crear un sistema de veedurías sobre el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Pero, si pasa por el Congreso, ya sabemos qué ocurriría… Tendríamos, por lo tanto, que elegir bien en las próximas elecciones.