Derechos de propiedad de los pobres

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“La ONU ha descubierto los derechos de propiedad de los pobres” es el titular de los diarios en la prensa internacional.

Por Fausto Segovia Baus

Sí, parece increíble, pero, al parecer “un aspecto único e ignorado de los derechos es el vínculo inexorable en la pobreza dominante –en cerca del 60% de la humanidad- y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres”.

La idea básica

Las investigaciones del economista Hernando de Soto, de nacionalidad peruana, –conocido por su obra “El otro sendero”, 1986- apuntan en esa dirección. La idea básica es lograr el “empoderamiento de los pobres”, que consiste en formular políticas en todo el mundo orientadas a crear un sistema de propiedad legal, “que determinará que los empresarios individuales y las economías nacionales tengan oportunidades”, en los países en vías de desarrollo.

De Soto, en la mencionada obra, probó que un sector importante de la economía en los países del Tercer Mundo es informal, y que no por ser informal el movimiento de los recursos se lo puede desestimar; al contrario, según el investigador las economías informales “mueven” valores y transacciones por el setenta por ciento de la población.

Las economías informales

El contexto de esta propuesta, como todos sabemos, es el drama de millones de personas integradas a economías informales, subterráneas, sin relación de dependencia –algunos la llaman “ilegales”- pero que representan, en la práctica, millones de dólares en giro, y que en su conjunto, pesan sobre las economías nacionales. En la práctica el proyecto ideado por Hernando de Soto significó la legalización en Perú de 300 empresas, que antes operaban en la informalidad (léase, clandestinidad), es decir, “fuera de los libros” de contabilidad.

Los resultados han sido sorprendentes en Perú. Los dirigentes políticos se dieron cuenta que estas reformas movilizaron a medio millón de trabajadores, al pasar de la economía subterránea a la economía legal. Se generó más empleo, más oportunidades de producción, y más ingresos tanto para los trabajadores como para el Estado, por más de 300 millones de dólares anuales.
Con estos resultados en tierras peruanas De Soto fue contratado por Egipto, para que dirigiera los derechos de propiedad del programa de reforma económica. Y siguieron otros países: Honduras, Tanzania, Haití y otros.

No al clientelismo

Y ahora se preocupa la ONU de este modelo, que ha creado una Comisión de Alto Nivel que preside Hernando de Soto y Madeleine Albrigth, ex secretaria de Estado, con un objetivo concreto: establecer el vínculo inexorable entre la pobreza dominante y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres.

El Ecuador podría beneficiarse con este sistema probado en otros países y refrendado por las Naciones Unidas. Porque la pobreza no puede solucionarse con clientelismo, tampoco por decreto, sino con la participación activa y directa de los propios actores. Porque los pobres tienen derechos sobre la propiedad, en el contexto de una verdadera reforma económica.