fsegovia@interactive.net.ec
La democracia es una experiencia de libertad. Esa libertad es una actitud que se vive y expresa a través de palabras, gestos, movimientos y mensajes verbales y no verbales. La libertad de expresión está mediada por la comunicación, más aún en esta época en la cual prevalece el medio antes que el mensaje propiamente dicho. Pese a ello, la ciudadanía civil está en marcha.
…..
Por Fausto Segovia Baus
No resulta exagerado manifestar que vivimos en una democracia mediática, donde lo que dicen nuestros dirigentes se amplifican por los sonidos y las imágenes, y forman parte –queramos a no- del comentario cotidiano. La palabra de esos personajes cobra entonces una dimensión extraordinaria, porque ha adquirido una “visibilidad” e impacto notable en las audiencias y en la conciencia de cada ciudadano.
La palabra es poder
Cuando habla el Presidente, por ejemplo, los medios ponen atención, graban sus mensajes y transmiten noticias, en directo o en diferido, al país y al mundo. La palabra del Presidente tiene evidentes repercusiones políticas, económicas y sociales. Por un concepto mal expresado puede crearse un conflicto, bajar o subir el riesgo-país, los bonos de la deuda y nacer una gratuita pugna de poderes.
La palabra es un poder, pero cuando esta palabra lleva a confusiones, equívocos o mal interpretaciones produce el efecto contrario: desconfianza. La palabra del Presidente es la palabra del poder. En ese sentido, la confianza constituye el capital político más importante de un gobernante y de una sociedad, sobre todo en la sociedad ecuatoriana que requiere certezas y un cambio de los modelos tradicionales de hacer política, como se ha anunciado.
Confianza y seguridad jurídica
La necesidad de confianza –padre y madre de la seguridad jurídica de un país- exige de los líderes mesura en sus palabras, aplomo y reflexión ponderada en sus pronunciamientos, y además un atributo clave: responsabilidad política. La palabra reflexiva siempre será una palabra responsable.
En este punto creo que es necesario analizar otras variables. Para un dirigente no es fácil presentarse ante los medios –numerosos micrófonos, cámaras y luces- y encontrar respuestas apropiadas a preguntas a veces irreverentes, contrastantes e incisivas de los reporteros, ávidos de noticias “frescas”. Un Presidente, en nuestro concepto, tiene el deber de comunicarse con su pueblo, pero debe hacerlo en los lugares y circunstancias apropiados. Por excepción está bien una rueda de prensa en la calle. Porque los asuntos del Estado merecen transparencia, eficiencia, responsabilidad y oportunidad.
Comunicación de doble vía
Es cierto: la democracia respira en espacios abiertos. La comunicación de doble vía es necesaria e ineludible; por esa misma razón la certidumbre de la palabra exige escenarios y actitudes compatibles con una estrategia comunicativa que resignifique la palabra de los gobernantes y la convierta en un producto confiable, inteligente, eficiente y responsable.
Hay que fraguar sobre la marcha el camino de una comunicación política que lleve a los gobernantes, a los medios y a los mediadores a un proceso de transparencia real, donde la verdad y la eficiencia sean las columnas vertebrales del gobierno de la palabra. No se saca nada con denuestos y amenazas; tampoco con guerras verbales que producen resultados estériles para todos los actores y fundamentalmente desprestigio. ¡Y una democracia desprestigiada no merece ser NOTICIA!
Nuestro voto por la transparencia que es la piel de la democracia.
7 de julio de 2007
Cuatro puntos para fortalecer la democracia
fsegovia@interactive.net.ec
El tema de la democracia y la ciudadanía es recurrente y actual, porque debe ser tratado y debatido en todos los escenarios y no solo en los de las élites políticas y económicas, es decir, no solo en las “cumbres”, sino con la gente del Estado llano, con los ciudadanos y ciudadanas que formamos la sociedad civil.
….
Por Fausto Segovia Baus
La razón es obvia: el Estado es la sociedad jurídicamente organizada y no depende exclusivamente de los mecanismos de representación, que por ahora han fracasado. Tenemos que aprender a vivir la democracia, como sistema de gobierno y sobre todo como estilo de vida, como un modo de ser en el hogar, en la escuela, en el trabajo y la comunidad. Y ahí, precisamente, está el problema de fondo, porque nos hemos quedado en las formalidades, en las estructuras organizacionales, mientras las estructuras mentales y valóricas se mantienen bajo patrones de dominación y en ocasiones de sumisión. Si combinamos esta reflexión con las situaciones que ha vivido el Ecuador en los últimos años, las conclusiones son realmente preocupantes. Pero hay esperanzas.
Cuatro puntos
Cuatro puntos serían la clave para fortalecer el sistema democrático, hoy lamentablemente caracterizado por la inestabilidad, la corrupción y la impunidad. Es urgente, en primer lugar, la articulación de la gobernabilidad a procesos reales y efectivos de inclusión económica, política y social. La pobreza es realmente incompatible con la democracia. En segundo lugar, se debe promover la educación cívica y política desde los primeros años de escolaridad, a fin de que se geste progresivamente una cultura democrática. En tercer lugar, es necesario plantear una reforma integral del Estado con nuevos partidos políticos, nacidos de la ciudadanía y no de cúpulas que fortalecen los cacicazgos y los grupos de poder económico y político; y en cuarto lugar, se requiere una agenda básica para resolver los problemas emergentes: la salud, la educación, el empleo, la justicia y la seguridad humana.
Es injusto, en este contexto, acusar al Ecuador en el sentido que ha “aprendido” a tumbar presidentes. Lo que sucede es que el Ecuador se ha dado cuenta –aunque tardíamente- de que eligió mal a sus gobernantes o que sus mandatarios violaron la Constitución y no cumplieron sus promesas electorales. Por eso, la construcción de la democracia plena depende de varios factores: de leyes, por supuesto, pero también de aprendizajes, procesos y cambios, a veces dramáticos, que el pueblo ejerce para respetar y hacer respetar su soberanía violada por aquellos que juraron defenderla.
Cuando los gobiernos se distancian de la sociedad y utilizan el poder no para servir, sino para servirse de él, se consolidan las clientelas y populismos. Por lo tanto, la democracia es un proceso mental antes que una norma; es un valor de carácter social, ético y estético; y una actitud frente a la vida. Y este proceso pasa necesariamente por la educación política y la participación ciudadana. En suma, por la ciudadanía civil.
Aprender a convivir
La ciudadanía tiene elementos objetivos y subjetivos. Cada persona, hombre o mujer, sea niño, niña, joven o anciano es ciudadano; por lo tanto, debe ejercer sus derechos y obligaciones. La ciudadanía tiene responsabilidades, dentro de un marco de referencia jurídico que se halla en la Constitución Política. En estas dos páginas revisaremos cuatro elementos fundamentales de la ciudadanía civil.
1. IGUALDAD ANTE LAS LEYES
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano establece con toda claridad la igualdad jurídica de todas las personas ante la ley, independientemente de su condición social, económica, política o religiosa, así como por el sexo, la edad o estado civil.
Esta posición nace de la doctrina de los derechos humanos y, obviamente, de la concepción ontológica (de “ontos” igual ser) que confiere a cada persona la dignidad de catalogarse como tal, y al Estado, esto es, la sociedad organizada, la capacidad para cumplir y hacer cumplir este principio básico.
A más de la Constitución, los Tratados Internacionales protegen los derechos de las personas, y establecen salvaguardas para que nadie, sin excepción, se quede sin protección. Sin embargo, en la práctica la igualdad ante las leyes deja de ser un precepto y no una norma que se aplica, por la desidia de las autoridades y porque la propia ciudadanía no consciente de esta realidad.
Los derechos no se cumplen, y los deberes tampoco. Reina la impunidad por la falta de una verdadera educación cívica y ética, y sobre todo por la incuria de un modelo de sociedad que privilegia el poder del dinero y el prestigio. Los casos son numerosos. Los indígenas y afroecuatorianos son generalmente discriminados, en los escenarios sociales, económicos y políticos. Se dice –por ejemplo- que “las leyes son para los de poncho”. Los inmigrantes también afrontan muchos problemas, así como las mujeres y los niños.
Aunque la Constitución ecuatoriana ha incluido algunas disposiciones, al reconocer el carácter de sus culturas, todavía falta mucho para lograr una interculturalidad. Prevalece el racismo, la discriminación y lo más grave: la exclusión. La ciudadanía civil descansa sobre la igualdad jurídica de las personas antes las leyes.
2. DERECHO A LA VIDA
La vida es el principal valor de la persona humana. Sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. La vida merece una protección antes y durante del desarrollo de las personas. Las tendencias abortistas, que se expresan en la legitimación del aborto, constituyen graves atentados a este derecho fundamental. En el derecho a la vida se asienta la existencia misma del Estado.
Cuando hablamos del derecho a la vida nos referimos no solo al respeto a la existencia humana, sino a crear las condiciones para que todas las personas, sin excepción, sean viables, es decir, bien formadas en los físico, intelectual, moral y espiritual. Los seres humanos, en efecto, no solo necesitamos alimentación, vestuario y educación. Cada persona es diferente, única e irrepetible. Más de un autor se refiere que los seres humanos tenemos “hambre de caricias”; necesitamos afecto, comprensión y aprobación social. Todo, en su conjunto, representa el derecho a una vida digna.
El derecho a la vida, por tanto, está unido inseparablemente al concepto y praxis de seguridad humana, que incluye la atención primaria de salud, la educación inicial y básica, así como las condiciones fundamentales para ejercer un empleo digno y permanente. También incluye la seguridad ciudadana, la protección ante la trata de blancas y el nuevo delito del denominado “coyotaje”. En este contexto, la condición de los presos sin sentencia, el maltrato de las mujeres (que sube en aumento), así como de las niñas y niños trabajadores, deben considerarse. El problema de la delincuencia también es conflictivo.
El Estado de derecho es el marco institucional adecuado que hace posible el respeto del derecho a la vida. La ciudadanía no puede dejar pasar los atentados contra la vida, que se suceden a diario, no solo en calles y plazas sino en la propia familia.
3. LA JUSTICIA
La justicia es un valor esencial de las relaciones entre las personas y los pueblos. Se entiende por justicia la equidad, la búsqueda de un sano equilibrio entre los derechos y los deberes. Justicia –dicen los expertos- es dar a cada uno lo que le corresponde. Y esa decisión corresponde prioritariamente a los jueces y a la administración de justicia en general.
El sistema económico y social imperante se caracteriza por la concentración de poder y capital en pocas manos, y por la exclusión de bienestar de las mayorías. En este sentido, el modelo que nos rige es injusto y excluyente. Pese a ello, es deber del Estado y de los organismos encargados de administrar justicia, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Ningún ciudadano o ciudadana puede ser obligado a declarar en su contra; nadie puede atentar contra su morada o domicilio, o ser privado de la libertad por deudas. La justicia deber ser ciega y transparente. Este principio no se aplica. Se ha demostrado la existencia de sistemas corrupción generalizada, que incluyen a los jueces y fiscales.
La ciudadanía civil debe exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y denunciar las inmoralidades, para que los delincuentes sean sancionados. Los medios de comunicación también tienen una tarea primordial: dar conocer los actos de corrupción e impedir que campee la impunidad. Los modelos de justicia pueden y deben enseñarse en las aulas escolares y en las familias, mediante el ejercicio pleno de la justicia en esos espacios, en la negociación de conflictos y en la búsqueda de soluciones alternativas que no impliquen violencia. Los jueces, finalmente, deben ser escogidos por la propia ciudadanía, y garantizarse la administración de una justicia despolitizada y despartidizada.
4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Hace poco el Ecuador aprobó una ley que favorece la información. En términos jurídicos se conoce también como “hábeas data”, es decir, la capacidad para obtener información y buscar por todos los medios legales posibles, la verdad.
En esta era de la información este derecho es clave para todas las sociedades. El derecho a la información está unido al derecho de la libre expresión del pensamiento, o libertad de prensa. Sin información no hay democracia ni derechos humanos. La información es importante porque nos permite acercarnos a la realidad y establecer las condiciones para que nadie, sin excepción, pueda tener desventajas o carecer de iguales oportunidades.
Se reconoce que la información es un poder. Este poder no es discrecional de las autoridades, sino un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. El libre acceso está garantizado, salvo, claro está, a las informaciones que tienen relación con la seguridad nacional. La información y el derecho a la información no son exclusivos de los periodistas o comunicadores, sino de toda la ciudadanía.
En efecto, cada ciudadano tiene derechos y deberes. Derechos, en cuanto al libre acceso, en los términos y condiciones mencionadas, a las que se unen el respeto a la honra de las personas y las instituciones; deberes, en función de sus responsabilidades en cuanto a respetar los derechos de las otras personas, la propiedad intelectual y la ética, por ejemplo.
La información tiene vigencia en el derecho público y en el derecho privado. El Estado tiene información sobre los ciudadanos, pero no puede –salvo excepciones- divulgarlos. Asimismo, la sociedad tiene derecho a obtener información las acciones e inversiones que hace el Estado con los recursos de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto se denomina rendición de cuentas.
El tema de la democracia y la ciudadanía es recurrente y actual, porque debe ser tratado y debatido en todos los escenarios y no solo en los de las élites políticas y económicas, es decir, no solo en las “cumbres”, sino con la gente del Estado llano, con los ciudadanos y ciudadanas que formamos la sociedad civil.
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Por Fausto Segovia Baus
La razón es obvia: el Estado es la sociedad jurídicamente organizada y no depende exclusivamente de los mecanismos de representación, que por ahora han fracasado. Tenemos que aprender a vivir la democracia, como sistema de gobierno y sobre todo como estilo de vida, como un modo de ser en el hogar, en la escuela, en el trabajo y la comunidad. Y ahí, precisamente, está el problema de fondo, porque nos hemos quedado en las formalidades, en las estructuras organizacionales, mientras las estructuras mentales y valóricas se mantienen bajo patrones de dominación y en ocasiones de sumisión. Si combinamos esta reflexión con las situaciones que ha vivido el Ecuador en los últimos años, las conclusiones son realmente preocupantes. Pero hay esperanzas.
Cuatro puntos
Cuatro puntos serían la clave para fortalecer el sistema democrático, hoy lamentablemente caracterizado por la inestabilidad, la corrupción y la impunidad. Es urgente, en primer lugar, la articulación de la gobernabilidad a procesos reales y efectivos de inclusión económica, política y social. La pobreza es realmente incompatible con la democracia. En segundo lugar, se debe promover la educación cívica y política desde los primeros años de escolaridad, a fin de que se geste progresivamente una cultura democrática. En tercer lugar, es necesario plantear una reforma integral del Estado con nuevos partidos políticos, nacidos de la ciudadanía y no de cúpulas que fortalecen los cacicazgos y los grupos de poder económico y político; y en cuarto lugar, se requiere una agenda básica para resolver los problemas emergentes: la salud, la educación, el empleo, la justicia y la seguridad humana.
Es injusto, en este contexto, acusar al Ecuador en el sentido que ha “aprendido” a tumbar presidentes. Lo que sucede es que el Ecuador se ha dado cuenta –aunque tardíamente- de que eligió mal a sus gobernantes o que sus mandatarios violaron la Constitución y no cumplieron sus promesas electorales. Por eso, la construcción de la democracia plena depende de varios factores: de leyes, por supuesto, pero también de aprendizajes, procesos y cambios, a veces dramáticos, que el pueblo ejerce para respetar y hacer respetar su soberanía violada por aquellos que juraron defenderla.
Cuando los gobiernos se distancian de la sociedad y utilizan el poder no para servir, sino para servirse de él, se consolidan las clientelas y populismos. Por lo tanto, la democracia es un proceso mental antes que una norma; es un valor de carácter social, ético y estético; y una actitud frente a la vida. Y este proceso pasa necesariamente por la educación política y la participación ciudadana. En suma, por la ciudadanía civil.
Aprender a convivir
La ciudadanía tiene elementos objetivos y subjetivos. Cada persona, hombre o mujer, sea niño, niña, joven o anciano es ciudadano; por lo tanto, debe ejercer sus derechos y obligaciones. La ciudadanía tiene responsabilidades, dentro de un marco de referencia jurídico que se halla en la Constitución Política. En estas dos páginas revisaremos cuatro elementos fundamentales de la ciudadanía civil.
1. IGUALDAD ANTE LAS LEYES
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano establece con toda claridad la igualdad jurídica de todas las personas ante la ley, independientemente de su condición social, económica, política o religiosa, así como por el sexo, la edad o estado civil.
Esta posición nace de la doctrina de los derechos humanos y, obviamente, de la concepción ontológica (de “ontos” igual ser) que confiere a cada persona la dignidad de catalogarse como tal, y al Estado, esto es, la sociedad organizada, la capacidad para cumplir y hacer cumplir este principio básico.
A más de la Constitución, los Tratados Internacionales protegen los derechos de las personas, y establecen salvaguardas para que nadie, sin excepción, se quede sin protección. Sin embargo, en la práctica la igualdad ante las leyes deja de ser un precepto y no una norma que se aplica, por la desidia de las autoridades y porque la propia ciudadanía no consciente de esta realidad.
Los derechos no se cumplen, y los deberes tampoco. Reina la impunidad por la falta de una verdadera educación cívica y ética, y sobre todo por la incuria de un modelo de sociedad que privilegia el poder del dinero y el prestigio. Los casos son numerosos. Los indígenas y afroecuatorianos son generalmente discriminados, en los escenarios sociales, económicos y políticos. Se dice –por ejemplo- que “las leyes son para los de poncho”. Los inmigrantes también afrontan muchos problemas, así como las mujeres y los niños.
Aunque la Constitución ecuatoriana ha incluido algunas disposiciones, al reconocer el carácter de sus culturas, todavía falta mucho para lograr una interculturalidad. Prevalece el racismo, la discriminación y lo más grave: la exclusión. La ciudadanía civil descansa sobre la igualdad jurídica de las personas antes las leyes.
2. DERECHO A LA VIDA
La vida es el principal valor de la persona humana. Sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. La vida merece una protección antes y durante del desarrollo de las personas. Las tendencias abortistas, que se expresan en la legitimación del aborto, constituyen graves atentados a este derecho fundamental. En el derecho a la vida se asienta la existencia misma del Estado.
Cuando hablamos del derecho a la vida nos referimos no solo al respeto a la existencia humana, sino a crear las condiciones para que todas las personas, sin excepción, sean viables, es decir, bien formadas en los físico, intelectual, moral y espiritual. Los seres humanos, en efecto, no solo necesitamos alimentación, vestuario y educación. Cada persona es diferente, única e irrepetible. Más de un autor se refiere que los seres humanos tenemos “hambre de caricias”; necesitamos afecto, comprensión y aprobación social. Todo, en su conjunto, representa el derecho a una vida digna.
El derecho a la vida, por tanto, está unido inseparablemente al concepto y praxis de seguridad humana, que incluye la atención primaria de salud, la educación inicial y básica, así como las condiciones fundamentales para ejercer un empleo digno y permanente. También incluye la seguridad ciudadana, la protección ante la trata de blancas y el nuevo delito del denominado “coyotaje”. En este contexto, la condición de los presos sin sentencia, el maltrato de las mujeres (que sube en aumento), así como de las niñas y niños trabajadores, deben considerarse. El problema de la delincuencia también es conflictivo.
El Estado de derecho es el marco institucional adecuado que hace posible el respeto del derecho a la vida. La ciudadanía no puede dejar pasar los atentados contra la vida, que se suceden a diario, no solo en calles y plazas sino en la propia familia.
3. LA JUSTICIA
La justicia es un valor esencial de las relaciones entre las personas y los pueblos. Se entiende por justicia la equidad, la búsqueda de un sano equilibrio entre los derechos y los deberes. Justicia –dicen los expertos- es dar a cada uno lo que le corresponde. Y esa decisión corresponde prioritariamente a los jueces y a la administración de justicia en general.
El sistema económico y social imperante se caracteriza por la concentración de poder y capital en pocas manos, y por la exclusión de bienestar de las mayorías. En este sentido, el modelo que nos rige es injusto y excluyente. Pese a ello, es deber del Estado y de los organismos encargados de administrar justicia, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Ningún ciudadano o ciudadana puede ser obligado a declarar en su contra; nadie puede atentar contra su morada o domicilio, o ser privado de la libertad por deudas. La justicia deber ser ciega y transparente. Este principio no se aplica. Se ha demostrado la existencia de sistemas corrupción generalizada, que incluyen a los jueces y fiscales.
La ciudadanía civil debe exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y denunciar las inmoralidades, para que los delincuentes sean sancionados. Los medios de comunicación también tienen una tarea primordial: dar conocer los actos de corrupción e impedir que campee la impunidad. Los modelos de justicia pueden y deben enseñarse en las aulas escolares y en las familias, mediante el ejercicio pleno de la justicia en esos espacios, en la negociación de conflictos y en la búsqueda de soluciones alternativas que no impliquen violencia. Los jueces, finalmente, deben ser escogidos por la propia ciudadanía, y garantizarse la administración de una justicia despolitizada y despartidizada.
4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Hace poco el Ecuador aprobó una ley que favorece la información. En términos jurídicos se conoce también como “hábeas data”, es decir, la capacidad para obtener información y buscar por todos los medios legales posibles, la verdad.
En esta era de la información este derecho es clave para todas las sociedades. El derecho a la información está unido al derecho de la libre expresión del pensamiento, o libertad de prensa. Sin información no hay democracia ni derechos humanos. La información es importante porque nos permite acercarnos a la realidad y establecer las condiciones para que nadie, sin excepción, pueda tener desventajas o carecer de iguales oportunidades.
Se reconoce que la información es un poder. Este poder no es discrecional de las autoridades, sino un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. El libre acceso está garantizado, salvo, claro está, a las informaciones que tienen relación con la seguridad nacional. La información y el derecho a la información no son exclusivos de los periodistas o comunicadores, sino de toda la ciudadanía.
En efecto, cada ciudadano tiene derechos y deberes. Derechos, en cuanto al libre acceso, en los términos y condiciones mencionadas, a las que se unen el respeto a la honra de las personas y las instituciones; deberes, en función de sus responsabilidades en cuanto a respetar los derechos de las otras personas, la propiedad intelectual y la ética, por ejemplo.
La información tiene vigencia en el derecho público y en el derecho privado. El Estado tiene información sobre los ciudadanos, pero no puede –salvo excepciones- divulgarlos. Asimismo, la sociedad tiene derecho a obtener información las acciones e inversiones que hace el Estado con los recursos de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto se denomina rendición de cuentas.
La resistencia activa
fsegovia@interactive.net.ec
Una de las características fundamentales de la sociedad moderna es la violencia, que se manifiesta desde las formas más prosaicas a las más sofisticadas.
…..
Por Fausto Segovia Baus
El clima de violencia e inseguridad crecen en las ciudades y campos. Las pruebas están en la cotidianidad, es decir, en todos los momentos de la vida, en las denominadas estructuras injustas y en los imaginarios individuales y colectivos.
La cultura de la violencia forma parte del paisaje natural donde se tejen las relaciones sociales y los juegos de las fuerzas económicas y políticas, matizados por disimuladas metáforas que encubren las desigualdades, sin contar, desde luego, con las atrocidades de una trama de inconductas como el secuestro, el narcotráfico, el terrorismo, la inseguridad humana y la madre de todos, la pobreza, unidas a algunas actitudes tan sutiles como la discriminación, el racismo y el maltrato intrafamiliar.
Síntomas de la destructividad
Los alegatos racionales para defender la ley o el modelo de democracia que vivimos no subsisten a los actos o medidas de hecho que paralizan carreteras, escuelas u hospitales. Entonces, el síntoma de la destructividad aparece como capítulo efectista de una acción ilegal, que se ampara en la desprotección del Estado para justificar una lucha contra el “otro“, diferente o extraño. Y así, paso a paso, se carcome la institucionalidad, que lejos de buscar la purificación de la sociedad, la limita.
No es posible simplificar el problema de la violencia en un concepto, porque es multivariado y complejo, y porque atraviesa todas las ciencias sociales por sus implicaciones individuales y colectivas, históricas y psicológicas, objetivas y subjetivas. Y porque explicita los nexos insondables de sus agentes y víctimas, de sus obsesiones e ideales, así como las estructuras de dominación y subordinación.
La violencia nace como técnica del poder o del antipoder. En el primer caso, como acción legítima para defender el sistema; en el segundo como estrategia que tiende a modificar el contrato implícito que regula las relaciones entre los dueños del poder y los ciudadanos, los gobernantes y la población, las elites y las masas. Como producto de esta dialéctica, en el curso de las luchas y conquistas polarizadas por la democracia y la ciudadanía, se desarrollan las técnicas de represión y otras formas de tiranía.
Fuerzas antagónicas
Como fenómeno histórico la violencia está presente y se halla escondida en los diversos sectores de la vida social, política, económica, cultural e, inclusive, ecológica. Así, en nombre del progreso se ejerce violencia contra la naturaleza, con la cual se alteran el régimen de las aguas, la dirección de los vientos, el ciclo de las estaciones y las desertificaciones.
En el ámbito nacional se observa el deterioro paulatino de los valores humanos, de las instituciones democráticas y la entronización de la lucha sinfín entre fuerzas antagónicas que reproducen las contradicciones. Como resultado, el juego de intereses se torna útil para garantizar, en beneficio de unos, la subsistencia de la “fábrica de la sociedad“.
La resistencia activa, según algunos, podría ser la respuesta emancipadora al problema de la violencia. Es decir, enfrentar con las "armas" de la honradez, la impudicia e impunidad de la trasgresión emanada por los beneficiarios de las injusticias. ¿Una no violencia emancipadora sería el camino?
Una de las características fundamentales de la sociedad moderna es la violencia, que se manifiesta desde las formas más prosaicas a las más sofisticadas.
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Por Fausto Segovia Baus
El clima de violencia e inseguridad crecen en las ciudades y campos. Las pruebas están en la cotidianidad, es decir, en todos los momentos de la vida, en las denominadas estructuras injustas y en los imaginarios individuales y colectivos.
La cultura de la violencia forma parte del paisaje natural donde se tejen las relaciones sociales y los juegos de las fuerzas económicas y políticas, matizados por disimuladas metáforas que encubren las desigualdades, sin contar, desde luego, con las atrocidades de una trama de inconductas como el secuestro, el narcotráfico, el terrorismo, la inseguridad humana y la madre de todos, la pobreza, unidas a algunas actitudes tan sutiles como la discriminación, el racismo y el maltrato intrafamiliar.
Síntomas de la destructividad
Los alegatos racionales para defender la ley o el modelo de democracia que vivimos no subsisten a los actos o medidas de hecho que paralizan carreteras, escuelas u hospitales. Entonces, el síntoma de la destructividad aparece como capítulo efectista de una acción ilegal, que se ampara en la desprotección del Estado para justificar una lucha contra el “otro“, diferente o extraño. Y así, paso a paso, se carcome la institucionalidad, que lejos de buscar la purificación de la sociedad, la limita.
No es posible simplificar el problema de la violencia en un concepto, porque es multivariado y complejo, y porque atraviesa todas las ciencias sociales por sus implicaciones individuales y colectivas, históricas y psicológicas, objetivas y subjetivas. Y porque explicita los nexos insondables de sus agentes y víctimas, de sus obsesiones e ideales, así como las estructuras de dominación y subordinación.
La violencia nace como técnica del poder o del antipoder. En el primer caso, como acción legítima para defender el sistema; en el segundo como estrategia que tiende a modificar el contrato implícito que regula las relaciones entre los dueños del poder y los ciudadanos, los gobernantes y la población, las elites y las masas. Como producto de esta dialéctica, en el curso de las luchas y conquistas polarizadas por la democracia y la ciudadanía, se desarrollan las técnicas de represión y otras formas de tiranía.
Fuerzas antagónicas
Como fenómeno histórico la violencia está presente y se halla escondida en los diversos sectores de la vida social, política, económica, cultural e, inclusive, ecológica. Así, en nombre del progreso se ejerce violencia contra la naturaleza, con la cual se alteran el régimen de las aguas, la dirección de los vientos, el ciclo de las estaciones y las desertificaciones.
En el ámbito nacional se observa el deterioro paulatino de los valores humanos, de las instituciones democráticas y la entronización de la lucha sinfín entre fuerzas antagónicas que reproducen las contradicciones. Como resultado, el juego de intereses se torna útil para garantizar, en beneficio de unos, la subsistencia de la “fábrica de la sociedad“.
La resistencia activa, según algunos, podría ser la respuesta emancipadora al problema de la violencia. Es decir, enfrentar con las "armas" de la honradez, la impudicia e impunidad de la trasgresión emanada por los beneficiarios de las injusticias. ¿Una no violencia emancipadora sería el camino?
Hacia un liderazgo ético
fsegovia@interactive.net.ec
Hoy en día abundan las denuncias y las lamentaciones sobre la “inmoralidad imperante”. Y no son pocos los que piensan que se ha iniciado un período de grave decadencia moral y de liderazgo no ético.
….
Por Fausto Segovia Baus
Cualquier juicio que queramos emitir acerca de nuestra sociedad debe tener en cuenta que nos tocado vivir en un ambiente de “signo permisivo”. Se ha superado el rígido verticalismo, característico de sociedades cerradas y paternalistas. Y los medios de comunicación han contribuido a que aspectos de “inmoralidad privada” se vuelvan públicos. Pero también -hay que reconocerlo- que esta permisividad social ha ayudado, en cierto modo, a que se aireen y se denuncien comportamientos francamente inmorales.
Moral pública y moral privada
La moral pública es la base para la auto-realización de la sociedad. Pero cuando hablamos de moral pública no la debemos reducir a los convencionalismos sociales o a la mera normatividad jurídica. No siempre lo que está normado en las leyes es justo. Las leyes solo norman el cumplimiento externo, pero no las motivaciones ni la intencionalidad.
Tampoco debemos restringir la moral pública a la condena y erradicación de los grandes escándalos y fraudes públicos. Es un error también reducir la moral pública al sector de los políticos y de las personas o grupos que gozan de poder o de influencia. Es evidente que estas personas, amparadas en una falsa y nociva impunidad, tienen la posibilidad de cometer estafas y otros actos de corrupción de mucha mayor gravedad.
La modernidad ha impulsado constantemente valores de tipo individualista, lo que ha llevado a la “privatización de la conciencia moral”. A ello ha contribuido también la poca o nula formación de la conciencia en cuanto a la moral pública. Tampoco podríamos afirmar que nuestros colegios preparan suficientemente para los valores cívicos y la sana convivencia ciudadana.
Algunos piensan que el modelo de sociedad que vivimos está impulsado exclusivamente por el lucro y la lógica del mercado. Si los comportamientos tienen esas motivaciones, la acción política casi siempre se “contamina” de ese carácter. Entonces los resultados son evidentes. Vemos que prevalecen más los intereses que los valores. Y esta ausencia de moral pública lleva necesariamente a un deterioro de la moral privada.
Actitudes extremas
En respuesta al deterioro de la moral social, podemos apreciar, como reacción, dos actitudes extremas que tienden a autoafirmarse: el apego inmovilista a la ética tradicional o fundamentalista; y, el relativismo moral, que responde a la mentalidad dominante en la sociedad actual. La primera defiende una ética puritana, legalista, en clara posición condenatoria; la otra, desde un abierto subjetivismo moral, dictamina sobre lo que es bueno sin ningún tipo de referencia a las exigencias de la naturaleza humana.
El mero legalismo autoritario nunca ha salvado ni salvará a nadie. Es necesario afirmar la necesidad y la urgencia de la moral pública. En un contexto de diálogo constructivo, debemos colaborar eficazmente en la formación de la conciencia de los valores morales y cívicos. Y testimoniar nuestros principios mediante la coherencia entre esos principios y la vida pública y privada.
Y ese es el papel de la familia y de la nueva educación en valores. Pero, ¿de qué tipo de educación hablamos? Si la educación es un sistema encargado de reproducir y legitimar los valores existentes en el cuerpo social, a través de un discurso pedagógico que se distancia de las prácticas sociales y políticas.
El caso de la familia es más dramático aún: a la desmembración paulatina del núcleo familiar -con la emigración incluida- se une la falta de comunicación interna entre sus miembros. Paradójicamente, mientras los medios masivos han subido los estándares de difusión y se han incorporado nuevas tecnologías, la comunicación entre esposos, entre padres e hijos no solo ha disminuido sino que prima la incomunicación.
Etnicidad
Pero también hay otro problema subyacente: la crisis del país está atravesada por la etnicidad; es decir, por el carácter generado desde las raíces que constituyen las bases de la cultura donde se asienta el ser y el modo de ser de nuestro pueblo.
Lo étnico -según los expertos- es anterior a lo político y su expresión más elevada es la identidad nacional caracterizada por lo diverso y lo propio. Curiosamente, al perder los referentes, la cultura ha dejado de tener una base material y se ha orientado por lo ajeno, donde las externalidades han hecho presa de esa raíz o matriz ancestral. Algunos estudios hablan de la hibridación cultural (Canclini) e incluso de un etnocidio o aniquilamiento cultural, que se ha agravado por la influencia de algunos medios audiovisuales y los procesos de globalización.
Con un problema étnico en ciernes, el poder político y económico halló el espacio ideal para ejercer su hegemonía. Así, el rostro de la crisis está representado por una sociedad escindida en lo cultural, fragmentada en lo político y polarizada en lo económico.
El problema del Ecuador es complejo, pero podría situarse en tres categorías de análisis: la ilegitimidad, la falta de representatividad, y como resultado de las dos anteriores, la ingobernabilidad, que constituyen factores reales de la desinstitucionalización que afronta el país.
Nuevo ethos
En síntesis, la crisis de valores inscrita en la crisis de la sociedad y sus causas delineada aquí brevemente articula un proceso de fragmentación agravado por problemas derivados de otros problemas estructurales anclados en la etnicidad y el desgobierno. El debilitamiento del Estado y su capacidad institucional es real. Sin embargo, el Ecuador tiene muchas fortalezas todavía, pese a las fuerzas disolventes como las que han aparecido en este período.
Los papeles de la familia y la educación son claves, pero de ninguna manera constituyen recetas para enfrentar los desafíos: la democratización del poder sobre la base de una participación ciudadana auténtica y una democratización del saber, que formen parte de un nuevo ethos educativo, centrado en un contrato social diferente y una nueva conciencia que recupere los valores de nuestra sociedad y satisfaga las necesidades básicas de una mayoría hoy insatisfecha.
Para ello necesitamos un nuevo tipo de liderazgo: ético, eficiente y solidario, anclado en un modelo de desarrollo humano sustentable.
Hoy en día abundan las denuncias y las lamentaciones sobre la “inmoralidad imperante”. Y no son pocos los que piensan que se ha iniciado un período de grave decadencia moral y de liderazgo no ético.
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Por Fausto Segovia Baus
Cualquier juicio que queramos emitir acerca de nuestra sociedad debe tener en cuenta que nos tocado vivir en un ambiente de “signo permisivo”. Se ha superado el rígido verticalismo, característico de sociedades cerradas y paternalistas. Y los medios de comunicación han contribuido a que aspectos de “inmoralidad privada” se vuelvan públicos. Pero también -hay que reconocerlo- que esta permisividad social ha ayudado, en cierto modo, a que se aireen y se denuncien comportamientos francamente inmorales.
Moral pública y moral privada
La moral pública es la base para la auto-realización de la sociedad. Pero cuando hablamos de moral pública no la debemos reducir a los convencionalismos sociales o a la mera normatividad jurídica. No siempre lo que está normado en las leyes es justo. Las leyes solo norman el cumplimiento externo, pero no las motivaciones ni la intencionalidad.
Tampoco debemos restringir la moral pública a la condena y erradicación de los grandes escándalos y fraudes públicos. Es un error también reducir la moral pública al sector de los políticos y de las personas o grupos que gozan de poder o de influencia. Es evidente que estas personas, amparadas en una falsa y nociva impunidad, tienen la posibilidad de cometer estafas y otros actos de corrupción de mucha mayor gravedad.
La modernidad ha impulsado constantemente valores de tipo individualista, lo que ha llevado a la “privatización de la conciencia moral”. A ello ha contribuido también la poca o nula formación de la conciencia en cuanto a la moral pública. Tampoco podríamos afirmar que nuestros colegios preparan suficientemente para los valores cívicos y la sana convivencia ciudadana.
Algunos piensan que el modelo de sociedad que vivimos está impulsado exclusivamente por el lucro y la lógica del mercado. Si los comportamientos tienen esas motivaciones, la acción política casi siempre se “contamina” de ese carácter. Entonces los resultados son evidentes. Vemos que prevalecen más los intereses que los valores. Y esta ausencia de moral pública lleva necesariamente a un deterioro de la moral privada.
Actitudes extremas
En respuesta al deterioro de la moral social, podemos apreciar, como reacción, dos actitudes extremas que tienden a autoafirmarse: el apego inmovilista a la ética tradicional o fundamentalista; y, el relativismo moral, que responde a la mentalidad dominante en la sociedad actual. La primera defiende una ética puritana, legalista, en clara posición condenatoria; la otra, desde un abierto subjetivismo moral, dictamina sobre lo que es bueno sin ningún tipo de referencia a las exigencias de la naturaleza humana.
El mero legalismo autoritario nunca ha salvado ni salvará a nadie. Es necesario afirmar la necesidad y la urgencia de la moral pública. En un contexto de diálogo constructivo, debemos colaborar eficazmente en la formación de la conciencia de los valores morales y cívicos. Y testimoniar nuestros principios mediante la coherencia entre esos principios y la vida pública y privada.
Y ese es el papel de la familia y de la nueva educación en valores. Pero, ¿de qué tipo de educación hablamos? Si la educación es un sistema encargado de reproducir y legitimar los valores existentes en el cuerpo social, a través de un discurso pedagógico que se distancia de las prácticas sociales y políticas.
El caso de la familia es más dramático aún: a la desmembración paulatina del núcleo familiar -con la emigración incluida- se une la falta de comunicación interna entre sus miembros. Paradójicamente, mientras los medios masivos han subido los estándares de difusión y se han incorporado nuevas tecnologías, la comunicación entre esposos, entre padres e hijos no solo ha disminuido sino que prima la incomunicación.
Etnicidad
Pero también hay otro problema subyacente: la crisis del país está atravesada por la etnicidad; es decir, por el carácter generado desde las raíces que constituyen las bases de la cultura donde se asienta el ser y el modo de ser de nuestro pueblo.
Lo étnico -según los expertos- es anterior a lo político y su expresión más elevada es la identidad nacional caracterizada por lo diverso y lo propio. Curiosamente, al perder los referentes, la cultura ha dejado de tener una base material y se ha orientado por lo ajeno, donde las externalidades han hecho presa de esa raíz o matriz ancestral. Algunos estudios hablan de la hibridación cultural (Canclini) e incluso de un etnocidio o aniquilamiento cultural, que se ha agravado por la influencia de algunos medios audiovisuales y los procesos de globalización.
Con un problema étnico en ciernes, el poder político y económico halló el espacio ideal para ejercer su hegemonía. Así, el rostro de la crisis está representado por una sociedad escindida en lo cultural, fragmentada en lo político y polarizada en lo económico.
El problema del Ecuador es complejo, pero podría situarse en tres categorías de análisis: la ilegitimidad, la falta de representatividad, y como resultado de las dos anteriores, la ingobernabilidad, que constituyen factores reales de la desinstitucionalización que afronta el país.
Nuevo ethos
En síntesis, la crisis de valores inscrita en la crisis de la sociedad y sus causas delineada aquí brevemente articula un proceso de fragmentación agravado por problemas derivados de otros problemas estructurales anclados en la etnicidad y el desgobierno. El debilitamiento del Estado y su capacidad institucional es real. Sin embargo, el Ecuador tiene muchas fortalezas todavía, pese a las fuerzas disolventes como las que han aparecido en este período.
Los papeles de la familia y la educación son claves, pero de ninguna manera constituyen recetas para enfrentar los desafíos: la democratización del poder sobre la base de una participación ciudadana auténtica y una democratización del saber, que formen parte de un nuevo ethos educativo, centrado en un contrato social diferente y una nueva conciencia que recupere los valores de nuestra sociedad y satisfaga las necesidades básicas de una mayoría hoy insatisfecha.
Para ello necesitamos un nuevo tipo de liderazgo: ético, eficiente y solidario, anclado en un modelo de desarrollo humano sustentable.
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