Cuatro puntos para fortalecer la democracia

fsegovia@interactive.net.ec

El tema de la democracia y la ciudadanía es recurrente y actual, porque debe ser tratado y debatido en todos los escenarios y no solo en los de las élites políticas y económicas, es decir, no solo en las “cumbres”, sino con la gente del Estado llano, con los ciudadanos y ciudadanas que formamos la sociedad civil.
….

Por Fausto Segovia Baus

La razón es obvia: el Estado es la sociedad jurídicamente organizada y no depende exclusivamente de los mecanismos de representación, que por ahora han fracasado. Tenemos que aprender a vivir la democracia, como sistema de gobierno y sobre todo como estilo de vida, como un modo de ser en el hogar, en la escuela, en el trabajo y la comunidad. Y ahí, precisamente, está el problema de fondo, porque nos hemos quedado en las formalidades, en las estructuras organizacionales, mientras las estructuras mentales y valóricas se mantienen bajo patrones de dominación y en ocasiones de sumisión. Si combinamos esta reflexión con las situaciones que ha vivido el Ecuador en los últimos años, las conclusiones son realmente preocupantes. Pero hay esperanzas.

Cuatro puntos

Cuatro puntos serían la clave para fortalecer el sistema democrático, hoy lamentablemente caracterizado por la inestabilidad, la corrupción y la impunidad. Es urgente, en primer lugar, la articulación de la gobernabilidad a procesos reales y efectivos de inclusión económica, política y social. La pobreza es realmente incompatible con la democracia. En segundo lugar, se debe promover la educación cívica y política desde los primeros años de escolaridad, a fin de que se geste progresivamente una cultura democrática. En tercer lugar, es necesario plantear una reforma integral del Estado con nuevos partidos políticos, nacidos de la ciudadanía y no de cúpulas que fortalecen los cacicazgos y los grupos de poder económico y político; y en cuarto lugar, se requiere una agenda básica para resolver los problemas emergentes: la salud, la educación, el empleo, la justicia y la seguridad humana.

Es injusto, en este contexto, acusar al Ecuador en el sentido que ha “aprendido” a tumbar presidentes. Lo que sucede es que el Ecuador se ha dado cuenta –aunque tardíamente- de que eligió mal a sus gobernantes o que sus mandatarios violaron la Constitución y no cumplieron sus promesas electorales. Por eso, la construcción de la democracia plena depende de varios factores: de leyes, por supuesto, pero también de aprendizajes, procesos y cambios, a veces dramáticos, que el pueblo ejerce para respetar y hacer respetar su soberanía violada por aquellos que juraron defenderla.

Cuando los gobiernos se distancian de la sociedad y utilizan el poder no para servir, sino para servirse de él, se consolidan las clientelas y populismos. Por lo tanto, la democracia es un proceso mental antes que una norma; es un valor de carácter social, ético y estético; y una actitud frente a la vida. Y este proceso pasa necesariamente por la educación política y la participación ciudadana. En suma, por la ciudadanía civil.

Aprender a convivir
La ciudadanía tiene elementos objetivos y subjetivos. Cada persona, hombre o mujer, sea niño, niña, joven o anciano es ciudadano; por lo tanto, debe ejercer sus derechos y obligaciones. La ciudadanía tiene responsabilidades, dentro de un marco de referencia jurídico que se halla en la Constitución Política. En estas dos páginas revisaremos cuatro elementos fundamentales de la ciudadanía civil.

1. IGUALDAD ANTE LAS LEYES

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano establece con toda claridad la igualdad jurídica de todas las personas ante la ley, independientemente de su condición social, económica, política o religiosa, así como por el sexo, la edad o estado civil.

Esta posición nace de la doctrina de los derechos humanos y, obviamente, de la concepción ontológica (de “ontos” igual ser) que confiere a cada persona la dignidad de catalogarse como tal, y al Estado, esto es, la sociedad organizada, la capacidad para cumplir y hacer cumplir este principio básico.

A más de la Constitución, los Tratados Internacionales protegen los derechos de las personas, y establecen salvaguardas para que nadie, sin excepción, se quede sin protección. Sin embargo, en la práctica la igualdad ante las leyes deja de ser un precepto y no una norma que se aplica, por la desidia de las autoridades y porque la propia ciudadanía no consciente de esta realidad.

Los derechos no se cumplen, y los deberes tampoco. Reina la impunidad por la falta de una verdadera educación cívica y ética, y sobre todo por la incuria de un modelo de sociedad que privilegia el poder del dinero y el prestigio. Los casos son numerosos. Los indígenas y afroecuatorianos son generalmente discriminados, en los escenarios sociales, económicos y políticos. Se dice –por ejemplo- que “las leyes son para los de poncho”. Los inmigrantes también afrontan muchos problemas, así como las mujeres y los niños.

Aunque la Constitución ecuatoriana ha incluido algunas disposiciones, al reconocer el carácter de sus culturas, todavía falta mucho para lograr una interculturalidad. Prevalece el racismo, la discriminación y lo más grave: la exclusión. La ciudadanía civil descansa sobre la igualdad jurídica de las personas antes las leyes.

2. DERECHO A LA VIDA

La vida es el principal valor de la persona humana. Sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. La vida merece una protección antes y durante del desarrollo de las personas. Las tendencias abortistas, que se expresan en la legitimación del aborto, constituyen graves atentados a este derecho fundamental. En el derecho a la vida se asienta la existencia misma del Estado.

Cuando hablamos del derecho a la vida nos referimos no solo al respeto a la existencia humana, sino a crear las condiciones para que todas las personas, sin excepción, sean viables, es decir, bien formadas en los físico, intelectual, moral y espiritual. Los seres humanos, en efecto, no solo necesitamos alimentación, vestuario y educación. Cada persona es diferente, única e irrepetible. Más de un autor se refiere que los seres humanos tenemos “hambre de caricias”; necesitamos afecto, comprensión y aprobación social. Todo, en su conjunto, representa el derecho a una vida digna.

El derecho a la vida, por tanto, está unido inseparablemente al concepto y praxis de seguridad humana, que incluye la atención primaria de salud, la educación inicial y básica, así como las condiciones fundamentales para ejercer un empleo digno y permanente. También incluye la seguridad ciudadana, la protección ante la trata de blancas y el nuevo delito del denominado “coyotaje”. En este contexto, la condición de los presos sin sentencia, el maltrato de las mujeres (que sube en aumento), así como de las niñas y niños trabajadores, deben considerarse. El problema de la delincuencia también es conflictivo.

El Estado de derecho es el marco institucional adecuado que hace posible el respeto del derecho a la vida. La ciudadanía no puede dejar pasar los atentados contra la vida, que se suceden a diario, no solo en calles y plazas sino en la propia familia.

3. LA JUSTICIA

La justicia es un valor esencial de las relaciones entre las personas y los pueblos. Se entiende por justicia la equidad, la búsqueda de un sano equilibrio entre los derechos y los deberes. Justicia –dicen los expertos- es dar a cada uno lo que le corresponde. Y esa decisión corresponde prioritariamente a los jueces y a la administración de justicia en general.

El sistema económico y social imperante se caracteriza por la concentración de poder y capital en pocas manos, y por la exclusión de bienestar de las mayorías. En este sentido, el modelo que nos rige es injusto y excluyente. Pese a ello, es deber del Estado y de los organismos encargados de administrar justicia, cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Ningún ciudadano o ciudadana puede ser obligado a declarar en su contra; nadie puede atentar contra su morada o domicilio, o ser privado de la libertad por deudas. La justicia deber ser ciega y transparente. Este principio no se aplica. Se ha demostrado la existencia de sistemas corrupción generalizada, que incluyen a los jueces y fiscales.

La ciudadanía civil debe exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y denunciar las inmoralidades, para que los delincuentes sean sancionados. Los medios de comunicación también tienen una tarea primordial: dar conocer los actos de corrupción e impedir que campee la impunidad. Los modelos de justicia pueden y deben enseñarse en las aulas escolares y en las familias, mediante el ejercicio pleno de la justicia en esos espacios, en la negociación de conflictos y en la búsqueda de soluciones alternativas que no impliquen violencia. Los jueces, finalmente, deben ser escogidos por la propia ciudadanía, y garantizarse la administración de una justicia despolitizada y despartidizada.

4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Hace poco el Ecuador aprobó una ley que favorece la información. En términos jurídicos se conoce también como “hábeas data”, es decir, la capacidad para obtener información y buscar por todos los medios legales posibles, la verdad.

En esta era de la información este derecho es clave para todas las sociedades. El derecho a la información está unido al derecho de la libre expresión del pensamiento, o libertad de prensa. Sin información no hay democracia ni derechos humanos. La información es importante porque nos permite acercarnos a la realidad y establecer las condiciones para que nadie, sin excepción, pueda tener desventajas o carecer de iguales oportunidades.

Se reconoce que la información es un poder. Este poder no es discrecional de las autoridades, sino un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. El libre acceso está garantizado, salvo, claro está, a las informaciones que tienen relación con la seguridad nacional. La información y el derecho a la información no son exclusivos de los periodistas o comunicadores, sino de toda la ciudadanía.
En efecto, cada ciudadano tiene derechos y deberes. Derechos, en cuanto al libre acceso, en los términos y condiciones mencionadas, a las que se unen el respeto a la honra de las personas y las instituciones; deberes, en función de sus responsabilidades en cuanto a respetar los derechos de las otras personas, la propiedad intelectual y la ética, por ejemplo.

La información tiene vigencia en el derecho público y en el derecho privado. El Estado tiene información sobre los ciudadanos, pero no puede –salvo excepciones- divulgarlos. Asimismo, la sociedad tiene derecho a obtener información las acciones e inversiones que hace el Estado con los recursos de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto se denomina rendición de cuentas.