fsegovia@interactive.net.ec
La ciudadanía es un concepto y una praxis que alude a la persona humana como totalidad. El género no cuenta, porque hombres y mujeres, desde el punto de vista ontológico, somos iguales en dignidad, derechos y obligaciones correlativas. Es necesario insistir en la integración de la mujer, sobre la base de equidad de género, para construir ciudadanía plena.
...
Por Fausto Segovia Baus
La discriminación de las mujeres ha sido un problema recurrente en la humanidad. El hombre –el varón- en mucho tiempo fue considerado como un ser superior, dotado de fuerza y talento, mientras la mujer –la hembra- se le confinó a la casa, a los quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos.
Esta etapa ha sido ventajosamente superada, no cómo dádiva a las mujeres sino como derecho propio, que va, ciertamente, más allá de una disposición constitucional o legal. La verdadera ciudadanía, es decir, la que parte del respeto irrestricto de los derechos humanos, no puede concebirse sin un tratamiento igualitario de hombres y mujeres. En efecto, la igualdad ante la ley, que es una garantía constitucional, se perfecciona en la medida que en las prácticas sociales, económicas, políticas y culturas se manifiesten en actitudes, valores y comportamientos verificables.
Pero mucho camino existe por recorrer. En algunos ámbitos del quehacer colectivo, las mujeres son discriminadas. Y se da, lamentablemente, el caso que en los propios hogares, las mujeres viven en situación de desventaja psicológica, moral y económica, e inclusive maltratos de diferente tipo que inciden en su desarrollo personal y el de sus hijos.
El tema de la ciudadanía y su relación con la equidad de género es importante, porque constituye uno de los pilares donde se afirma la democracia. ¿De qué democracia podemos hablar, si “casa adentro” la mujer no tiene igualdad de oportunidades y su actividad no está suficientemente valorada por el mundo masculino? Si bien algo ha avanzado es urgente establecer estrategias para que la “inclusión” de las mujeres se dé en forma progresiva.
Según la Constitución todos, sin excepción, somos ciudadanos. No existen ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, Peor diferencias en relación con los sexos. Esta afirmación lo hacemos con la convicción que es necesario reivindicar a la mujer como un ser humano que merece respeto, consideración y amor. Y porque quien dignifica a la mujer dignifica a la humanidad.
La mujer desde tiempos inmemoriales ha sido discriminada, subyugada, maltratada y usada como objeto sexual. Esta situación que parecería superada todavía se advierte en diferentes niveles de la sociedad ecuatoriana, en el tercer milenio.
Así, la discriminación en el trabajo todavía subsiste. En muchas empresas, por ejemplo, no se cumple el principio: a igual trabajo, igual remuneración, independientemente del sexo. También la situación de la mujer en la ciudad es diferente en el campo. En ambos casos, su papel está “atravesado” por la cultura, que está generalmente tiene el predominio del denominado “sexo fuerte”.
Sin embargo, en muchas ocasiones las mujeres han demostrado que no son el “sexo débil”. Gracias a su capacidad y decisión las mujeres laboran en diferentes ambientes y escenarios, antes exclusivamente reservados a los hombres. Y esta actitud ha sido saludable para la sociedad, aunque, en ocasiones, la formación de los hijos y, en general la familia se ha afectado de acuerdo con algunas investigaciones.
La mujer ha sido discriminada en el trabajo, y en otros ámbitos como en la política, la educación, la ciencia y en otros campos. La lucha de las mujeres dio sus frutos. Ahora las mujeres tienen garantías, derechos y deberes igual que los hombres. Se mantiene, empero, la violencia intra familiar y todo tipo de maltrato: psicológico o emocional, físico y sexual. Las oficinas de protección de las mujeres y los juzgados para tratar estos casos, no han mitigado las causas de este problema.
La participación ciudadana de las mujeres crece año tras año, y no solo cuando se presenta una elección. Ahora las mujeres hacen opinión pública favorable, generan proyectos alternativos y en casos ejercen funciones públicas y privadas relevantes.
Este nuevo papel de la mujer debe avanzar en la línea, no de competencia con el varón, sino como complemento de aquél. En este sentido, la incorporación en el currículo de la educación básica, de mensajes que privilegien la equidad entre de género es muy positivo. La agenda de la sociedad, en relación a la igualdad jurídica y de oportunidades para mujeres y hombres, por lo tanto, debe superar las declaraciones e, incluso, las leyes que quedan muchas de ellas en el papel.
Es urgente articular una visión compartida y comprometida de hombres y mujeres para cambiar las estructuras de injusticia.
9 de julio de 2007
Por una sociedad inclusiva
fsegovia@interactive.net.ec
El modelo de desarrollo vigente –todos lo sabemos- ha generado una democracia formal que ha legitimado la injusticia, la corrupción y la inequidad, por desventura alimentado por líderes funcionales a ese sistema.
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Por Fausto Segovia Baus
El Foro Social de las Américas terminó en días pasados. Más de diez mil personas intervinieron en diferentes talleres, reuniones, exposiciones, debates y manifestaciones que concitaron el interés de la opinión pública nacional e internacional. Las características de este mega evento fueron la masividad, la diversidad y la representación de numerosos países, así como personajes, académicos y corrientes de pensamiento social que permitieron la participación de varios grupos etáreos: niños, jóvenes, mujeres y adultos, en un espacio legítimo de diálogo y concertación de la sociedad civil internacional, bajo el lema: “una América diferente es posible”.
La denominada “utopía social” se puso de manifiesto en conversatorios y coloquios, donde predominaron posiciones convergentes, especialmente dirigidas hacia un “no” rotundo al Tratado de Libre Comercio, y a todo convenio que, según los proponentes, “atente al modelo de desarrollo alternativo generado desde los pueblos”.
Se escucharon, por ejemplo, voces ultristas que recordaban los fogosos discursos de las décadas de los sesenta y setenta; las posiciones revolucionarias que desembocaron en aventuras románticas; posturas antiglobalizadoras, radicales de ecologistas –anteayer marxistas de buena laya-; aportes de la izquierda moderada y el centrismo, desde la social democracia y la democracia cristiana, hasta las indígenas y grupos antisistema, que luchan por la “devolución de sus tierras” usurpadas por España y hoy por las transnacionales, con todas sus gamas, colores y enfoques.
Desde el punto de vista antropológico el Foro fue un éxito de los organizadores; desde el punto de vista de la comunicación el Foro dejó, asimismo, enseñanzas, porque dio visibilidad a actores sociales y procesos en marcha; pero, desde el punto de vista de los acuerdos, muchos consideraron que “otro foro sí sería posible”, para concordar y discordar tesis y propuestas viables. Porque el “no” per se no construye nada.
El modelo de desarrollo vigente –todos lo sabemos- ha generado una democracia formal que ha legitimado la injusticia, la corrupción y la inequidad, por desventura alimentado por líderes funcionales a ese sistema. La verdadera democracia implica una sociedad inclusiva, es decir, en la que todos y todas, sin excepción, deberíamos acceder a iguales oportunidades, a la satisfacción de las necesidades básicas y a la calidad de vida.
Los candidatos que ya aparecen en la palestra deberían recoger las tesis inclusivas –por estrategia- y ponerlas en práctica; de lo contrario, la democracia no solo no sería posible, sino que con foros o sin ellos regresaríamos a la barbarie.
El modelo de desarrollo vigente –todos lo sabemos- ha generado una democracia formal que ha legitimado la injusticia, la corrupción y la inequidad, por desventura alimentado por líderes funcionales a ese sistema.
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Por Fausto Segovia Baus
El Foro Social de las Américas terminó en días pasados. Más de diez mil personas intervinieron en diferentes talleres, reuniones, exposiciones, debates y manifestaciones que concitaron el interés de la opinión pública nacional e internacional. Las características de este mega evento fueron la masividad, la diversidad y la representación de numerosos países, así como personajes, académicos y corrientes de pensamiento social que permitieron la participación de varios grupos etáreos: niños, jóvenes, mujeres y adultos, en un espacio legítimo de diálogo y concertación de la sociedad civil internacional, bajo el lema: “una América diferente es posible”.
La denominada “utopía social” se puso de manifiesto en conversatorios y coloquios, donde predominaron posiciones convergentes, especialmente dirigidas hacia un “no” rotundo al Tratado de Libre Comercio, y a todo convenio que, según los proponentes, “atente al modelo de desarrollo alternativo generado desde los pueblos”.
Se escucharon, por ejemplo, voces ultristas que recordaban los fogosos discursos de las décadas de los sesenta y setenta; las posiciones revolucionarias que desembocaron en aventuras románticas; posturas antiglobalizadoras, radicales de ecologistas –anteayer marxistas de buena laya-; aportes de la izquierda moderada y el centrismo, desde la social democracia y la democracia cristiana, hasta las indígenas y grupos antisistema, que luchan por la “devolución de sus tierras” usurpadas por España y hoy por las transnacionales, con todas sus gamas, colores y enfoques.
Desde el punto de vista antropológico el Foro fue un éxito de los organizadores; desde el punto de vista de la comunicación el Foro dejó, asimismo, enseñanzas, porque dio visibilidad a actores sociales y procesos en marcha; pero, desde el punto de vista de los acuerdos, muchos consideraron que “otro foro sí sería posible”, para concordar y discordar tesis y propuestas viables. Porque el “no” per se no construye nada.
El modelo de desarrollo vigente –todos lo sabemos- ha generado una democracia formal que ha legitimado la injusticia, la corrupción y la inequidad, por desventura alimentado por líderes funcionales a ese sistema. La verdadera democracia implica una sociedad inclusiva, es decir, en la que todos y todas, sin excepción, deberíamos acceder a iguales oportunidades, a la satisfacción de las necesidades básicas y a la calidad de vida.
Los candidatos que ya aparecen en la palestra deberían recoger las tesis inclusivas –por estrategia- y ponerlas en práctica; de lo contrario, la democracia no solo no sería posible, sino que con foros o sin ellos regresaríamos a la barbarie.
8 de julio de 2007
Los partidos polìticos no rinden cuentas
fsegovia@interactive.net.ec
La prensa nacional ha publicado noticias sobre una realidad incontrovertible: que los partidos políticos del Ecuador, desde el año 2000, han recibido más de veinte millones de dólares, y no han rendido cuentas de este millonario presupuesto financiado por el pueblo ecuatoriano.
Por Fausto Segovia Baus
El origen de estos recursos es doble: el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Reposición del Gasto Electoral. El primero se reparte cada año y el segundo cada dos cuando hay elecciones.
La Ley de Partidos vigente establece que corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control del manejo de los fondos partidistas, pero el TSE -controlado por los propios partidos- no hace lo que debe hacer por mandato de la ley. Tampoco actúa la Contraloría General del Estado, que tiene la obligación de auditar a los organismos que reciben recursos del Estado. No sabemos las razones.
La conclusión es que los partidos políticos no rinden cuentas a nadie, y ninguna autoridad se preocupa de que la información detallada de sus gastos o inversiones conozca la opinión pública, como exigen la ley y la ética. Sus finanzas son un misterio, especialmente lo que tiene que ver con el presupuesto que el Estado destina para su funcionamiento. Esta carencia u omisión debe ser suplida con información oportuna y no bajo ninguna presión, porque es un deber de los partidos rendir cuentas cuando han recibido dineros ajenos: los del presupuesto del Estado, que se financia con recursos de la ciudadanía.
La poca o ninguna atención de los partidos a esta obligación imperativa de la ley, provoca un nuevo y lamentable episodio que afecta aún más la deteriorada imagen de la clase política ecuatoriana.
“Quien nada debe nada teme”, dice un adagio popular. Los partidos políticos que supuestamente manejan con transparencia los recursos del Estado, tienen que asumir sus responsabilidades, y cumplir con los mandatos legales. No hacerlo les quita autoridad legal y moral para exigir a otros el cumplimiento de las leyes, a través de normas que los bloques, representados por los partidos, tramitan en el Congreso. La quiebra de la institucionalidad comienza entonces por casa.
Recordemos finalmente que la institución de la rendición de cuentas es una garantía constitucional. A este paso, frente a la inopia de los partidos que se hacen de “vista gorda”, no existe otra alternativa que promover una Ley de Rendición de Cuentas, por iniciativa ciudadana, con la intervención de los medios de comunicación, y crear un sistema de veedurías sobre el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Pero, si pasa por el Congreso, ya sabemos qué ocurriría… Tendríamos, por lo tanto, que elegir bien en las próximas elecciones.
La prensa nacional ha publicado noticias sobre una realidad incontrovertible: que los partidos políticos del Ecuador, desde el año 2000, han recibido más de veinte millones de dólares, y no han rendido cuentas de este millonario presupuesto financiado por el pueblo ecuatoriano.
Por Fausto Segovia Baus
El origen de estos recursos es doble: el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Reposición del Gasto Electoral. El primero se reparte cada año y el segundo cada dos cuando hay elecciones.
La Ley de Partidos vigente establece que corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control del manejo de los fondos partidistas, pero el TSE -controlado por los propios partidos- no hace lo que debe hacer por mandato de la ley. Tampoco actúa la Contraloría General del Estado, que tiene la obligación de auditar a los organismos que reciben recursos del Estado. No sabemos las razones.
La conclusión es que los partidos políticos no rinden cuentas a nadie, y ninguna autoridad se preocupa de que la información detallada de sus gastos o inversiones conozca la opinión pública, como exigen la ley y la ética. Sus finanzas son un misterio, especialmente lo que tiene que ver con el presupuesto que el Estado destina para su funcionamiento. Esta carencia u omisión debe ser suplida con información oportuna y no bajo ninguna presión, porque es un deber de los partidos rendir cuentas cuando han recibido dineros ajenos: los del presupuesto del Estado, que se financia con recursos de la ciudadanía.
La poca o ninguna atención de los partidos a esta obligación imperativa de la ley, provoca un nuevo y lamentable episodio que afecta aún más la deteriorada imagen de la clase política ecuatoriana.
“Quien nada debe nada teme”, dice un adagio popular. Los partidos políticos que supuestamente manejan con transparencia los recursos del Estado, tienen que asumir sus responsabilidades, y cumplir con los mandatos legales. No hacerlo les quita autoridad legal y moral para exigir a otros el cumplimiento de las leyes, a través de normas que los bloques, representados por los partidos, tramitan en el Congreso. La quiebra de la institucionalidad comienza entonces por casa.
Recordemos finalmente que la institución de la rendición de cuentas es una garantía constitucional. A este paso, frente a la inopia de los partidos que se hacen de “vista gorda”, no existe otra alternativa que promover una Ley de Rendición de Cuentas, por iniciativa ciudadana, con la intervención de los medios de comunicación, y crear un sistema de veedurías sobre el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Pero, si pasa por el Congreso, ya sabemos qué ocurriría… Tendríamos, por lo tanto, que elegir bien en las próximas elecciones.
Democracia liberal versus democracia ciudadana
fsegovia@interactive.net.ec
La ortodoxia considera que la democracia es el conjunto de procedimientos para elegir gobernantes. Esta teoría elitista de la política es cuestionada por la teoría participativa que, sin salirse del enfoque institucional, intenta recuperar la acción política para los ciudadanos, pero dentro del ámbito del Estado y sus instituciones.
Por Fausto Segovia Baus
Un modelo distinto de concebir la política y hacer política se orienta a desestatizar la política, en el sentido que los asuntos públicos, en esencia, conciernen no solo exclusiva y excluyentemente al Estado, como plantea la teoría tradicional, sino a la sociedad civil.
Dos corrientes
En general se visualiza dos grandes corrientes: las democracias liberables que padecen una grave crisis de representatividad, y la sociedad civil, que busca denodadamente espacios que intentan resolver el dilema de los que creen -y hay muchas razones para ello- que la política equivale a corrupción, es decir, a una perversión de lo político.
Si la política es “materialmente de nadie y potencialmente de todos”, está en los sujetos concretos y no en algunas instituciones -virtualmente desacreditadas- la construcción de una democracia posible. ¿Qué hacer entonces para lograr que ese “privatismo apolítico”, esto es, aquel en el que el individuo se refugia en lo privado, sin ningún contacto con lo social ni con lo político, tenga una salida hacia una participación real en las cuestiones que interesan a todos?
La respuesta no es fácil, porque este tipo de individuo -ensimismado y sin proyección histórico-social- está, en cierto modo, favorecido por el sistema que sacraliza el voto (El voto es igual a democracia, lo cual es un sofisma, porque el sufragio no pasa de ser para muchos un mero ejercicio formal de elección a cambio de un certificado). Otra razón es que los llamados políticos profesionales nos tratan en época de elecciones como infantes o clientes, donde las demandas de los ciudadanos no aparecen.
La alternativa
La alternativa, a contrapelo de las tendencias privatistas, es proponer la solidaridad como esencia de la democracia, sobre la base de animar la participación efectiva; no la manifestación ni el griterío, sino la generación de propuestas y acciones que ayuden a creer y crear oportunidades para construir un mejor Ecuador.
Pero la solidaridad no basta, según Jesús Martín Barbero: “Tenemos una cultura política trasplantada que se condensó en instituciones formales necesarísimas, pero profundamente ajenas, distanciadas de los modos de ver, de sentir, de decir, de estos países”. Así, los partidos tradicionales no sintonizaron con la cultura política del pueblo y se produjo una especie de simulación, que dio origen a los populismos puramente gestuales, sin contenidos y definitivamente antidemocráticos y antisociales.
El resultado no pudo ser más cruel: la democracia se volvió insignificante, en términos de participación de los bienes sociales. Y el populismo -que sigue vivo- tuvo la ventaja de “conectarse” con la cultura política del pueblo, mientras en la otra orilla, la hegemonía del discurso ortodoxo e intelectual, convirtió a los ciudadanos en audiencias y públicos. En ambos casos la participación ciudadana quedó en el limbo, pero al menos la Carta Magna lo regula.
El despertar de la sociedad civil
La expresión sociedad civil tiene diversas connotaciones. En lo conceptual es un grupo humano constituido por ciudadanos y ciudadanas, libres e iguales, que participan, asumiendo derechos y obligaciones, en la construcción del bien común. A diferencia de la sociedad armada, la sociedad civil es deliberante y actúa dentro de los espacios regulados por las leyes, en ámbitos del desarrollo humano y social.
La participación ciudadana es entonces una respuesta creativa frente al desgaste de los mecanismos de representación formal, porque intenta una acción directa de representación política sobre la base del reconocimiento de las diversidades políticas y culturales.
Los objetivos serían: lograr ese reconocimiento y buscar nuevas mediaciones y sensibilidades que ayuden a convocar y a aprender; a buscar soluciones antes que a recurrir a la queja, el lamento o la culpabilización; a integrar a todos, sin excluir a nadie, en la búsqueda de cumplir y hacer cumplir los deberes y responsabilidades ciudadanas, antes que el ejercicio de derechos.
Algunas preguntas
Los pueblos tienen los políticos que se merecen. ¿Los pueblos tienen los políticos que se merecen? ¿Qué tanto nos representan? ¿Nos sentimos reflejados en ellos? ¿Sentimos que ellos nos van a permitir prosperar y vivir seguros? ¿Los sentimos personajes dignos o meros oportunistas en busca de poder?
La democracia es, también, un proceso de aprendizaje, un ajuste tenso entre las necesidades sociales y los intereses partidistas. ¿Qué nos toca hacer? Presionar todo el tiempo, exigir transparencia y equilibrio de poderes, imponer procesos de rendición de cuentas. Nos toca, en pocas palabras, ciudadanizar el poder, concluye Fernando García Ramírez.
La ortodoxia considera que la democracia es el conjunto de procedimientos para elegir gobernantes. Esta teoría elitista de la política es cuestionada por la teoría participativa que, sin salirse del enfoque institucional, intenta recuperar la acción política para los ciudadanos, pero dentro del ámbito del Estado y sus instituciones.
Por Fausto Segovia Baus
Un modelo distinto de concebir la política y hacer política se orienta a desestatizar la política, en el sentido que los asuntos públicos, en esencia, conciernen no solo exclusiva y excluyentemente al Estado, como plantea la teoría tradicional, sino a la sociedad civil.
Dos corrientes
En general se visualiza dos grandes corrientes: las democracias liberables que padecen una grave crisis de representatividad, y la sociedad civil, que busca denodadamente espacios que intentan resolver el dilema de los que creen -y hay muchas razones para ello- que la política equivale a corrupción, es decir, a una perversión de lo político.
Si la política es “materialmente de nadie y potencialmente de todos”, está en los sujetos concretos y no en algunas instituciones -virtualmente desacreditadas- la construcción de una democracia posible. ¿Qué hacer entonces para lograr que ese “privatismo apolítico”, esto es, aquel en el que el individuo se refugia en lo privado, sin ningún contacto con lo social ni con lo político, tenga una salida hacia una participación real en las cuestiones que interesan a todos?
La respuesta no es fácil, porque este tipo de individuo -ensimismado y sin proyección histórico-social- está, en cierto modo, favorecido por el sistema que sacraliza el voto (El voto es igual a democracia, lo cual es un sofisma, porque el sufragio no pasa de ser para muchos un mero ejercicio formal de elección a cambio de un certificado). Otra razón es que los llamados políticos profesionales nos tratan en época de elecciones como infantes o clientes, donde las demandas de los ciudadanos no aparecen.
La alternativa
La alternativa, a contrapelo de las tendencias privatistas, es proponer la solidaridad como esencia de la democracia, sobre la base de animar la participación efectiva; no la manifestación ni el griterío, sino la generación de propuestas y acciones que ayuden a creer y crear oportunidades para construir un mejor Ecuador.
Pero la solidaridad no basta, según Jesús Martín Barbero: “Tenemos una cultura política trasplantada que se condensó en instituciones formales necesarísimas, pero profundamente ajenas, distanciadas de los modos de ver, de sentir, de decir, de estos países”. Así, los partidos tradicionales no sintonizaron con la cultura política del pueblo y se produjo una especie de simulación, que dio origen a los populismos puramente gestuales, sin contenidos y definitivamente antidemocráticos y antisociales.
El resultado no pudo ser más cruel: la democracia se volvió insignificante, en términos de participación de los bienes sociales. Y el populismo -que sigue vivo- tuvo la ventaja de “conectarse” con la cultura política del pueblo, mientras en la otra orilla, la hegemonía del discurso ortodoxo e intelectual, convirtió a los ciudadanos en audiencias y públicos. En ambos casos la participación ciudadana quedó en el limbo, pero al menos la Carta Magna lo regula.
El despertar de la sociedad civil
La expresión sociedad civil tiene diversas connotaciones. En lo conceptual es un grupo humano constituido por ciudadanos y ciudadanas, libres e iguales, que participan, asumiendo derechos y obligaciones, en la construcción del bien común. A diferencia de la sociedad armada, la sociedad civil es deliberante y actúa dentro de los espacios regulados por las leyes, en ámbitos del desarrollo humano y social.
La participación ciudadana es entonces una respuesta creativa frente al desgaste de los mecanismos de representación formal, porque intenta una acción directa de representación política sobre la base del reconocimiento de las diversidades políticas y culturales.
Los objetivos serían: lograr ese reconocimiento y buscar nuevas mediaciones y sensibilidades que ayuden a convocar y a aprender; a buscar soluciones antes que a recurrir a la queja, el lamento o la culpabilización; a integrar a todos, sin excluir a nadie, en la búsqueda de cumplir y hacer cumplir los deberes y responsabilidades ciudadanas, antes que el ejercicio de derechos.
Algunas preguntas
Los pueblos tienen los políticos que se merecen. ¿Los pueblos tienen los políticos que se merecen? ¿Qué tanto nos representan? ¿Nos sentimos reflejados en ellos? ¿Sentimos que ellos nos van a permitir prosperar y vivir seguros? ¿Los sentimos personajes dignos o meros oportunistas en busca de poder?
La democracia es, también, un proceso de aprendizaje, un ajuste tenso entre las necesidades sociales y los intereses partidistas. ¿Qué nos toca hacer? Presionar todo el tiempo, exigir transparencia y equilibrio de poderes, imponer procesos de rendición de cuentas. Nos toca, en pocas palabras, ciudadanizar el poder, concluye Fernando García Ramírez.
La tercera vía
fsegovia@interactive.net.ec
Una reflexión crítica sobre la realidad de hoy y las perspectivas de cambio, sobre la base de una alternativa posible, si hay voluntad política.
…
Por Fausto Segovia Baus
Mayer Anshel Rothschild hace más de un siglo dijo: “Déjenme emitir y controlar el dinero de la nación y no me importa quien escriba las leyes”. Estas palabras resuenan en el mundo globalizado de hoy, donde una elite financiera con el poder para mover billones de dólares, controla el dinero y las finanzas de la mayoría de los Estados del planeta, a partir de la crisis monetaria que derrumbó el sistema de tasas de cambio fijas, hace un cuarto de siglo, aproximadamente.
Las desigualdades existentes en el mundo y la dependencia al capital financiero internacional, cuyo telón de fondo es la impagable deuda externa, ha llevado a muchos académicos, políticos y economistas a promover soluciones cortoplacistas y emergentes, en la línea tradicional: ajustes macro económicos, privatizaciones, estímulos a la inversión extranjera, mercado bursátil tipo Wall Street y numerosas exenciones impositivas.
Concentración de poder
Norman G. Kurland y Michael D. Greaney, del Centro para la Justicia Económica y Social, de Washington DC, plantean una tercera vía, porque “tanto el socialismo como el capitalismo concentran poder en los niveles superiores. No es una diferencia importante –dicen- que en el capitalismo la concentración se da en manos privadas y en el socialismo, en el Estado. Las mezclas de los dos sistemas, que en los Estados Unidos llaman “economía mixta” o los modelos escandinavo o japonés, se diferencian únicamente en el grado de su injusticia social, ineficiencia económica, inseguridad humana y alienación...”
La tercera vía consistiría en crear una economía de mercado más justa, según los autores mencionados. El eje de este modelo sería una amplia distribución de la propiedad, que generaría, a su vez, una democracia política real, como expresara Lord Alton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe siempre”. La opción aparece entonces clara: “Nuestra protección contra la corruptibilidad de la concentración del poder es la descentralización del poder, mediante la democratización de la propiedad que equivale, en esencia, a la democratización del poder”.
Nueva riqueza
La tercera vía intenta superar la posición fundamentalista de la derecha que confía ciegamente en la competencia de los mercados libres, que traerá prosperidad y justicia, y la posición de la izquierda académica que, ubicada en la otra orilla, propone combatir las leyes de la oferta y demanda con un Estado-bienestar gigante e impuestos confiscatorios que aseguran migajas para los pobres.
“El énfasis de la tercera vía radica no en la redistribución de los ingresos –que ha sido una política siempre fallida por engañosa y perversa-, sino en otorgar a los ciudadanos y ciudadanas medios sociales y económicos, así como un sistema jurídico que los estimulen para crear su propia y nueva riqueza, y para compartir beneficios con amplitud, solidaridad y equidad”. En suma, se trata de preparar un recurso humano sensible y capaz para producir riqueza, tener acceso a una propiedad efectiva de bienes y servicios, y no depender de un Estado benefactor que ofrece sueldos de hambre, caridad o bonos de pobreza.
Una reflexión crítica sobre la realidad de hoy y las perspectivas de cambio, sobre la base de una alternativa posible, si hay voluntad política.
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Por Fausto Segovia Baus
Mayer Anshel Rothschild hace más de un siglo dijo: “Déjenme emitir y controlar el dinero de la nación y no me importa quien escriba las leyes”. Estas palabras resuenan en el mundo globalizado de hoy, donde una elite financiera con el poder para mover billones de dólares, controla el dinero y las finanzas de la mayoría de los Estados del planeta, a partir de la crisis monetaria que derrumbó el sistema de tasas de cambio fijas, hace un cuarto de siglo, aproximadamente.
Las desigualdades existentes en el mundo y la dependencia al capital financiero internacional, cuyo telón de fondo es la impagable deuda externa, ha llevado a muchos académicos, políticos y economistas a promover soluciones cortoplacistas y emergentes, en la línea tradicional: ajustes macro económicos, privatizaciones, estímulos a la inversión extranjera, mercado bursátil tipo Wall Street y numerosas exenciones impositivas.
Concentración de poder
Norman G. Kurland y Michael D. Greaney, del Centro para la Justicia Económica y Social, de Washington DC, plantean una tercera vía, porque “tanto el socialismo como el capitalismo concentran poder en los niveles superiores. No es una diferencia importante –dicen- que en el capitalismo la concentración se da en manos privadas y en el socialismo, en el Estado. Las mezclas de los dos sistemas, que en los Estados Unidos llaman “economía mixta” o los modelos escandinavo o japonés, se diferencian únicamente en el grado de su injusticia social, ineficiencia económica, inseguridad humana y alienación...”
La tercera vía consistiría en crear una economía de mercado más justa, según los autores mencionados. El eje de este modelo sería una amplia distribución de la propiedad, que generaría, a su vez, una democracia política real, como expresara Lord Alton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe siempre”. La opción aparece entonces clara: “Nuestra protección contra la corruptibilidad de la concentración del poder es la descentralización del poder, mediante la democratización de la propiedad que equivale, en esencia, a la democratización del poder”.
Nueva riqueza
La tercera vía intenta superar la posición fundamentalista de la derecha que confía ciegamente en la competencia de los mercados libres, que traerá prosperidad y justicia, y la posición de la izquierda académica que, ubicada en la otra orilla, propone combatir las leyes de la oferta y demanda con un Estado-bienestar gigante e impuestos confiscatorios que aseguran migajas para los pobres.
“El énfasis de la tercera vía radica no en la redistribución de los ingresos –que ha sido una política siempre fallida por engañosa y perversa-, sino en otorgar a los ciudadanos y ciudadanas medios sociales y económicos, así como un sistema jurídico que los estimulen para crear su propia y nueva riqueza, y para compartir beneficios con amplitud, solidaridad y equidad”. En suma, se trata de preparar un recurso humano sensible y capaz para producir riqueza, tener acceso a una propiedad efectiva de bienes y servicios, y no depender de un Estado benefactor que ofrece sueldos de hambre, caridad o bonos de pobreza.
La ciudadanización de la polìtica
fsegovia@interactive.net.ec
No es posible concebir una democracia sin ciudadanía; tampoco una ciudadanía sin verdaderos partidos políticos. Estas premisas son importantes antes de abordar este tema.
…
Por Fausto Segovia Baus
Para todos es conocido que los partidos políticos del Ecuador hoy en día afrontan una crisis generalizada, que es el caldo de cultivo de otros problemas como la falta de representación, legitimidad y gobernabilidad. La clave está en la democratización de los partidos. ¿Cómo?
Se ha dicho que la democracia no es un modelo perfecto, sino perfectible, en la medida que puede ser mejorado con la participación de los ciudadanos, a través de instituciones sólidas que garanticen el estado de derecho y el bien común, como expresiones generales de un modelo de convivencia social. Sin embargo, en la práctica se nota una anomia o pasividad de la mayoría, que es espectadora ante los problemas y decisiones que los gobiernos deben tomar.
Acercar el Estado a los ciudadanos
Uno de los mecanismos para fortalecer las instituciones democráticas es la reforma de los partidos políticos. El objetivo central de esta reforma es superar la crisis de representación que los afecta, a través de nuevos mecanismos de participación ciudadana. En otras palabras, es urgente un acercamiento del Estado a los ciudadanos, mediante estructuras partidistas no clientelares.
El verdadero cambio hacia la “ciudadanización” de la política se está en la devolución del Estado a los ciudadanos. Hoy la política está “secuestrada” por partidos que no los representan. Un cambio es urgente y necesario.
Estrategias
En esa línea propongo las siguientes estrategias: capacitación política constante de afiliados y simpatizantes, a través de escuelas de gobierno; democratización de los partidos políticos mediante elecciones internas, universales, directas y secretas para elegir candidatos o candidatas; crear mecanismos permanentes de organización y motivación de líderes, en congresos, foros, encuentros y talleres; construir una agenda pública con participación ciudadana, que podría cubrir los siguientes aspectos: en lo político (corrupción, reestructura de los partidos); en lo económico (la reactivación económica, la deuda externa); en lo social: la exclusión de todo tipo y la pobreza, el desempleo y la violencia; diseñar un sistema de rendición de cuentas para todos los poderes del Estado, con intervención ciudadana; recuperar el Estado para los ciudadanos, con un programa de educación ciudadana, que cubra los derechos y las responsabilidades; y combate a la corrupción en todos los ámbitos; y, fortalecer organizaciones de la sociedad civil, que eliminen progresivamente a las oligarquías partidarias, al viejo caudillismo y el estilo patrimonialista.
No es posible concebir una democracia sin ciudadanía; tampoco una ciudadanía sin verdaderos partidos políticos. Estas premisas son importantes antes de abordar este tema.
…
Por Fausto Segovia Baus
Para todos es conocido que los partidos políticos del Ecuador hoy en día afrontan una crisis generalizada, que es el caldo de cultivo de otros problemas como la falta de representación, legitimidad y gobernabilidad. La clave está en la democratización de los partidos. ¿Cómo?
Se ha dicho que la democracia no es un modelo perfecto, sino perfectible, en la medida que puede ser mejorado con la participación de los ciudadanos, a través de instituciones sólidas que garanticen el estado de derecho y el bien común, como expresiones generales de un modelo de convivencia social. Sin embargo, en la práctica se nota una anomia o pasividad de la mayoría, que es espectadora ante los problemas y decisiones que los gobiernos deben tomar.
Acercar el Estado a los ciudadanos
Uno de los mecanismos para fortalecer las instituciones democráticas es la reforma de los partidos políticos. El objetivo central de esta reforma es superar la crisis de representación que los afecta, a través de nuevos mecanismos de participación ciudadana. En otras palabras, es urgente un acercamiento del Estado a los ciudadanos, mediante estructuras partidistas no clientelares.
El verdadero cambio hacia la “ciudadanización” de la política se está en la devolución del Estado a los ciudadanos. Hoy la política está “secuestrada” por partidos que no los representan. Un cambio es urgente y necesario.
Estrategias
En esa línea propongo las siguientes estrategias: capacitación política constante de afiliados y simpatizantes, a través de escuelas de gobierno; democratización de los partidos políticos mediante elecciones internas, universales, directas y secretas para elegir candidatos o candidatas; crear mecanismos permanentes de organización y motivación de líderes, en congresos, foros, encuentros y talleres; construir una agenda pública con participación ciudadana, que podría cubrir los siguientes aspectos: en lo político (corrupción, reestructura de los partidos); en lo económico (la reactivación económica, la deuda externa); en lo social: la exclusión de todo tipo y la pobreza, el desempleo y la violencia; diseñar un sistema de rendición de cuentas para todos los poderes del Estado, con intervención ciudadana; recuperar el Estado para los ciudadanos, con un programa de educación ciudadana, que cubra los derechos y las responsabilidades; y combate a la corrupción en todos los ámbitos; y, fortalecer organizaciones de la sociedad civil, que eliminen progresivamente a las oligarquías partidarias, al viejo caudillismo y el estilo patrimonialista.
Derechos de propiedad de los pobres
fasegovia@interactive.net.ec
“La ONU ha descubierto los derechos de propiedad de los pobres” es el titular de los diarios en la prensa internacional.
Por Fausto Segovia Baus
Sí, parece increíble, pero, al parecer “un aspecto único e ignorado de los derechos es el vínculo inexorable en la pobreza dominante –en cerca del 60% de la humanidad- y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres”.
La idea básica
Las investigaciones del economista Hernando de Soto, de nacionalidad peruana, –conocido por su obra “El otro sendero”, 1986- apuntan en esa dirección. La idea básica es lograr el “empoderamiento de los pobres”, que consiste en formular políticas en todo el mundo orientadas a crear un sistema de propiedad legal, “que determinará que los empresarios individuales y las economías nacionales tengan oportunidades”, en los países en vías de desarrollo.
De Soto, en la mencionada obra, probó que un sector importante de la economía en los países del Tercer Mundo es informal, y que no por ser informal el movimiento de los recursos se lo puede desestimar; al contrario, según el investigador las economías informales “mueven” valores y transacciones por el setenta por ciento de la población.
Las economías informales
El contexto de esta propuesta, como todos sabemos, es el drama de millones de personas integradas a economías informales, subterráneas, sin relación de dependencia –algunos la llaman “ilegales”- pero que representan, en la práctica, millones de dólares en giro, y que en su conjunto, pesan sobre las economías nacionales. En la práctica el proyecto ideado por Hernando de Soto significó la legalización en Perú de 300 empresas, que antes operaban en la informalidad (léase, clandestinidad), es decir, “fuera de los libros” de contabilidad.
Los resultados han sido sorprendentes en Perú. Los dirigentes políticos se dieron cuenta que estas reformas movilizaron a medio millón de trabajadores, al pasar de la economía subterránea a la economía legal. Se generó más empleo, más oportunidades de producción, y más ingresos tanto para los trabajadores como para el Estado, por más de 300 millones de dólares anuales.
Con estos resultados en tierras peruanas De Soto fue contratado por Egipto, para que dirigiera los derechos de propiedad del programa de reforma económica. Y siguieron otros países: Honduras, Tanzania, Haití y otros.
No al clientelismo
Y ahora se preocupa la ONU de este modelo, que ha creado una Comisión de Alto Nivel que preside Hernando de Soto y Madeleine Albrigth, ex secretaria de Estado, con un objetivo concreto: establecer el vínculo inexorable entre la pobreza dominante y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres.
El Ecuador podría beneficiarse con este sistema probado en otros países y refrendado por las Naciones Unidas. Porque la pobreza no puede solucionarse con clientelismo, tampoco por decreto, sino con la participación activa y directa de los propios actores. Porque los pobres tienen derechos sobre la propiedad, en el contexto de una verdadera reforma económica.
“La ONU ha descubierto los derechos de propiedad de los pobres” es el titular de los diarios en la prensa internacional.
Por Fausto Segovia Baus
Sí, parece increíble, pero, al parecer “un aspecto único e ignorado de los derechos es el vínculo inexorable en la pobreza dominante –en cerca del 60% de la humanidad- y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres”.
La idea básica
Las investigaciones del economista Hernando de Soto, de nacionalidad peruana, –conocido por su obra “El otro sendero”, 1986- apuntan en esa dirección. La idea básica es lograr el “empoderamiento de los pobres”, que consiste en formular políticas en todo el mundo orientadas a crear un sistema de propiedad legal, “que determinará que los empresarios individuales y las economías nacionales tengan oportunidades”, en los países en vías de desarrollo.
De Soto, en la mencionada obra, probó que un sector importante de la economía en los países del Tercer Mundo es informal, y que no por ser informal el movimiento de los recursos se lo puede desestimar; al contrario, según el investigador las economías informales “mueven” valores y transacciones por el setenta por ciento de la población.
Las economías informales
El contexto de esta propuesta, como todos sabemos, es el drama de millones de personas integradas a economías informales, subterráneas, sin relación de dependencia –algunos la llaman “ilegales”- pero que representan, en la práctica, millones de dólares en giro, y que en su conjunto, pesan sobre las economías nacionales. En la práctica el proyecto ideado por Hernando de Soto significó la legalización en Perú de 300 empresas, que antes operaban en la informalidad (léase, clandestinidad), es decir, “fuera de los libros” de contabilidad.
Los resultados han sido sorprendentes en Perú. Los dirigentes políticos se dieron cuenta que estas reformas movilizaron a medio millón de trabajadores, al pasar de la economía subterránea a la economía legal. Se generó más empleo, más oportunidades de producción, y más ingresos tanto para los trabajadores como para el Estado, por más de 300 millones de dólares anuales.
Con estos resultados en tierras peruanas De Soto fue contratado por Egipto, para que dirigiera los derechos de propiedad del programa de reforma económica. Y siguieron otros países: Honduras, Tanzania, Haití y otros.
No al clientelismo
Y ahora se preocupa la ONU de este modelo, que ha creado una Comisión de Alto Nivel que preside Hernando de Soto y Madeleine Albrigth, ex secretaria de Estado, con un objetivo concreto: establecer el vínculo inexorable entre la pobreza dominante y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres.
El Ecuador podría beneficiarse con este sistema probado en otros países y refrendado por las Naciones Unidas. Porque la pobreza no puede solucionarse con clientelismo, tampoco por decreto, sino con la participación activa y directa de los propios actores. Porque los pobres tienen derechos sobre la propiedad, en el contexto de una verdadera reforma económica.
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